La Ley 20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, en adelante también “LRPPJ”, estableció la penalización de las empresas frente a los siguientes delitos:

 

1.    Lavado de activos

2.    Financiamiento del terrorismo

3.    Cohecho a funcionarios públicos nacionales o extranjeros.

 

Su establecimiento encuentra su razón de ser en convenciones internacionales suscritas por Chile (en particular la convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales) entre otras iniciativas de probidad y transparencia impulsadas para asegurar el ingreso de Chile a la OECD.

 

¿Qué circunstancias deben cumplirse para que se pueda atribuir responsabilidad penal a la Persona Jurídica?

La LRPPJ estableció como condición para sancionar penalmente a las compañías, que estos delitos fueran cometidos: i) en beneficio de la empresa ii) por sus dueños, administradores o quienes obran bajo su dirección; y iii) que se pueda imputar a la empresa falta de dirección y supervisión.

La adopción de Modelos de Prevención de Delitos, que promueve esta Ley, persigue justamente acreditar el efectivo cumplimiento de los deberes de supervisión y dirección que corresponde a los  dueños y alta dirección de las compañías.

La Certificación de estos Modelos de Prevención, tarea que realiza el equipo especializado de MC Compliance, permite corroborar, mediante el juicio de un tercero independiente, la eficacia de dichos Modelos y en caso de detectar deficiencias, emitir un programa de remediación para alcanzar el nivel requerido para su efectiva operatividad.

Sanciones que establece la LRPPJ.

La prevención asociada a estos Modelos y su Certificación, persiguen finalmente evitar la exposición a las graves sanciones que contempla dicha normativa, entre las cuales cabe destacar:

 

• Disolución de la Persona Jurídica.

• Multa a beneficio fiscal por hasta UTM 20.000. 

• Pérdida total o parcial de beneficios fiscales.

• Pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado. 

• Publicación de la sentencia.

 

Todo lo anterior, conlleva a recomendar la implementación de medidas concretas y efectivas de prevención al interior de las compañías, tanto de estos delitos como en general de malas prácticas, como una forma de evitar la exposición a sanciones con graves costos económicos y daños a la imagen y reputación de las empresas.